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Las obras de la Ciudad de la Justicia comenzarán este año



Valladolid ya conoce cuáles son los planes inmediatos del Ministerio de Justicia para la ciudad, después de muchos meses sin tener noticias sobre el Campus judicial que se va a levantar en el barrio Girón para unificar en una única sede los 41 juzgados y tribunales que hay en la ciudad. Las obras empezarán a finales de año -según lo previsto-, pero, en cambio, el estreno de los dos primeros edificios se retrasará dos años sobre el calendario inicial, de 2015 a 2017, y, por tanto, los 16 juzgados de Primera Instancia y Mercantil prolongarán su estancia en un edificio alquilado de la calle Nicolás Salmerón que le cuesta al Estado algo más de 800.000 euros al año.

A esta cantidad hay que sumar los cerca de 200.000 del alquiler de la sede del Instituto de Medicina Legal, en Arco de Ladrillo, y, otro tanto, por el arrendamiento de la actual sede de los Juzgados de lo Social, en la plaza del Rosarillo. En total, un gasto anual de más de un millón en alquileres, que Justicia tendrá que continuar abonando, al menos, hasta 2017, fecha en que se podría llevar a cabo el primer traslado a las instalaciones de la avenida de Las Mieses.

La reunión en la que se dieron a conocer estas novedades tuvo lugar el pasado 20 mayo, tal como pudo saber El Día de Valladolid. Sirvió para la constitución oficial de la comisión asesora que habrá en la ciudad para velar por que el proyecto del Campus sea el mejor, haciendo partícipes a miembros de todos los ámbitos (secretarios, jueces, funcionarios…), así como la subdirectora general de Obras del Ministerio y, los presidentes del TSJ y de la Audiencia Provincial. La principal lectura de lo expuesto por la representante del Gobierno en esta reunión fue, según fuentes consultadas por este periódico, que el proyecto sigue en pie y es una apuesta firme del Ejecutivo.

Pero no inmediata. Más de año y medio después de conocerse el diseño del futuro Campus, de que se hablara de un inicio de obras en 2013, de un final previsto para la primera fase en el año 2015 y de una conclusión definitiva en 2019, se conoció que todo va a sufrir un importante retraso, enmarcado en el delicado momento económico actual. Así, en este contexto, ya se comunicó que se va a tener que aplazar dos años el estreno de la primera fase, que estaría lista en 2017, y seis el final de una obra que se iría hasta 2025.

La intención del Ministerio de Justicia es empezar este mismo año, a finales, con la urbanización de la parcela, sita en la avenida de Las Mieses, después de, al parecer, haber acabado ya con la tramitación urbanística con el Ayuntamiento de la capital.

Para ello, los Presupuestos de 2014 deberán recoger una partida importante, mucho mayor que los anecdóticos 119.710 euros que hay reservados en los de este año. También deberá crecer bastante las cantidades previstas para el montante global de estas obras, que ha bailado en estos últimos años, en cada Presupuestos Generales del Estado; 27,7 en los de 2011, 4,4 en los de 2012 y 8,3 en los últimos.

Las cifras que se manejan en la Subdirección General de Obras del Ministerio de Justicia son otras: 37 millones para toda la obra, para las cinco fases, 18,8 de ellos en cuatro anualidades, con el fin de tener lista la primera de esas fases en 2017.

Jurisdicción Civil. La idea que se mantiene inamovible desde el principio es que sea la jurisdicción Civil la primera en trasladarse una vez se haga el edificio principal, con los servicios comunes, y la primera de las púas de este gran inmueble con forma de peine a donde iría Primera Instancia y Mercantil. Son los 16 juzgados (se podría dejar fuera de esa primera mudanza a los tres de Familia) que están actualmente en la sede de Nicolás Salmerón, una de las tres alquiladas y la más cara, pese a la rebaja de los 1,3 millones (que se han estado pagando hasta el pasado año) a los 800.000 euros anuales pactados a partir de 2013.

A partir de 2017, a un ritmo de un bloque (o púa) cada dos años, se irían yendo al nuevo Campus, en un orden todavía por fijar, las jurisdicciones Penal, la Social y la Contencioso-Administrativo, el Instituto de Medicina Legal con el Anatómico Forense y, en último lugar, esto sí parece decidido, la Audiencia Provincial y la Fiscalía.

Opción de ahorro. Mientras tanto, en esa cita se planteó una opción de ahorro que pasaría por trasladar los Juzgados de lo Social a la sede central de Angustias y llevar Medicina Legal al Rosarillo, con lo que se cerraría Arco de Ladrillo, con un alquiler de 200.000 euros anuales.

Fuente: El día de Valladolid

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