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Urbanismo limita la edificación de pisos en parte de los barrios previstos más allá de las rondas



El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó ayer, con los votos a favor de los representantes del PP (y el rechazo de IU y PSOE), los criterios generales de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que modifica la concepción de las áreas homogéneas y solo mantiene en las mismas condiciones tres de las 15 existentes. La concejala de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, ha explicado que el documento afronta una «revisión total» del modelo de áreas homogéneas puesto en marcha en la primera década del siglo, con lo que solo se mantendrán en condiciones similares los sectores de Prado Palacio (área homogénea 1), Las Riberas (7) y Páramo de San Isidro (5).

Estas áreas se incorporarán como planeamiento asumido a los sectores derivados, ya que su ordenación detallada está ya aprobada definitivamente, con el plan parcial diseñado y las juntas de compensación constituidas. No obstante, se incluye la advertencia de que se desclasificarán en caso de incumplimiento de los plazos de su urbanización.

El documento debatido este miércoles plantea también la reordenación de todos los ámbitos incluidos en áreas homogéneas con algún procedimiento que haya obtenido la aprobación inicial y «en función de las necesidades de la ciudad y de la consolidación del modelo urbano propuesto», por lo que se orientarán principalmente al suelo industrial, con una reducción «drástica» del suelo urbanizable.

Así, cinco de las áreas homogéneas planteadas se mantienen, pero con un recorte de la superficie de actuación, como es el caso de Valdechivillas (AH-10), que pasará de unas 400 a 50 hectáreas, y las áreas Arroyo Velilla (4), Fuente Amarga (6), Los Argales (8) en sus sectores este y oeste, Prado Palacio-Berrocal (11) y La Varga-Berrocal (12). El resto de las áreas homogéneas, esto es, Las Cañadas (2), La Lámpara (3), La Vega (9), La Mangadilla (14) y Zamadueñas (15), pasarán a suelo rústico común, salvo que los suelos deban ser protegidos en cumplimiento de la planificación territorial o sectorial vigente. Esta es una de las novedades de la revisión, cuyos criterios generales serán sometidos al dictamen del próximo pleno municipal, previsto para el viernes 8 de noviembre. Posteriormente y «en fechas próximas», según Cristina Vidal, la redacción inicial de la revisión se llevará también ante la corporación municipal, al mismo tiempo que se abrirá un periodo de sometimiento a información pública.

Rehabilitación

El documento definitivo, como ha recalcado la concejala, supondrá un cambio en el modelo de urbanismo de Valladolid, pero con el fundamento de mantener el «respeto a la ciudad existente». Entre las novedades que supondrá esta modificación del PGOU, la edil ha destacado los cambios también en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) y la apuesta «clara» por la regeneración y rehabilitación de viviendas e inmuebles y también por mejorar la conexión y señalización de los parques y espacios verdes urbanos.

¿Y qué opina la oposición? Pues tanto el PSOE como IU votaron en contra por considerar que esta modificación «consolida las áreas homogéneas». El portavoz del grupo socialista, Javier Izquierdo, recalcó que ya «hay suelo más que suficiente dentro de las rondas para cubrir las necesidades del escenario demográfico en el que se mueve Valladolid». El PSOE lamenta que se mantengan planes como Las Riberas («con una sentencia en contra del TSJ»), Fuente Amarga, Los Argales, La Varga-Berrocal y la «polémica» Valdechivillas (AH-10). Pese a ese recorte anunciado por Vidal, el PSOE entiende que «seguir adelante con este proyecto de extender la ciudad más allá de las rondas, a zonas que se encuentran a kilómetros del casco histórico, y en una cantidad de terreno que prácticamente iguala su extensión actual–3.895 hectáreas– es un ejercicio de irresponsabilidad». En caso de avanzarse, finalmente, en la construcción de esas varias decenas de miles de viviendas, ubicadas lejos del centro, el Ayuntamiento «debería hacer frente a nuevos gastos de urbanización y conservación de lo urbanizado, alumbrado público, transporte, parques y jardines, limpieza, policía y bomberos, que rondan los 404 euros por habitante al año», informa E. Press.

Izquierda Unida ha lamentado que los criterios generales «se atienen en lo fundamental al modelo del PGOU de 2003, inadecuado e incluso nocivo para las necesidades actuales de la población». Pese a que IU ha calificado de «valiosas» algunas propuestas –como las denominadas ‘puertas de la ciudad’ o el sistema de espacios libres–, la mayor parte les genera una opinión negativa. Se han referido especialmente al mantenimiento como «planeamiento asumido» de las áreas de suelo urbanizable que contasen con aprobación del plan parcial, que era precisamente lo que reclamaban, según IU, los propietarios de algún «área homogénea» para intentar eludir la sentencia negativa de los tribunales. Por lo tanto, creen que se trata de una propuesta «hecha de la mano de los grandes promotores y propietarios de suelo de la ciudad». Así, han recordado que dos de las áreas en esta situación, como Prado Palacio y Las Riberas, suman más de 23.000 viviendas en sus previsiones. Tampoco ven justificado que se puedan «esgrimir derechos adquiridos», como Valdechivillas, donde se conservarán 50 hectáreas urbanizables.

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